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¡Qué?
Tal como lo predije, el regreso de Villalba
Alejandro Vizcarra Estrada
Presidente de la Asociación de Prestadores de Servicios del Aeropuerto de Tijuana (APSAT)
11 de junio de 2009/Tijuana, Baja California
El regreso de Guillermo Villalba al aeropuerto de Tijuana
estaba en el guión. Muchas veces señalé que, una vez que nos  
sacaran del aeropuerto, los españoles seguirían con sus
planes. Guillermo Villalba Morales tuvo que dejar la
administración del aeropuerto de Tijuana en 2001, luego de
que fuera acusado penalmente por comerciantes –la denuncia
fue registrada con el número de averiguación número
104/01/204-  por los delitos de amenazas, despojo y abuso de
autoridad. Cómo consecuencia, el juez VII de distrito dictó una
orden de aprehensión en su contra (09/2009). Para calmar los
ánimos y evadir responsabilidades, por órdenes de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Grupo
Aeroportuario del Pacífico tuvo que remover de su puesto a
Villalba, enviándolo La Paz, y llegar a un acuerdo secreto por un
millón 600 mil dólares con Rodolfo Figueroa, comerciante del
aeropuerto que obtuvo una sentencia a su favor.

La salida de Guillermo Villalba de la administración del
aeropuerto de Tijuana marcó un hito en nuestra lucha por
mejorar y equilibrar las relaciones de los comerciantes con la
empresa española. Ellos contaron siempre con la complicidad
de las autoridades federales. Incluso, la permanencia de
Villalba como empleado del Grupo Aeroportuario del Pacífico
violenta el artículo 22 de la Ley de Aeropuertos, que señala que
no podrán ser socios o directivos de aeropuertos aquellos
individuos que “hayan sido condenados por delito doloso que
amerite pena privativa de libertad de más de un año de prisión
o por delitos patrimoniales, contra la propiedad o la salud
cualquiera que haya sido la pena”.

La reinstalación de Villalba tiene que ver con los proyectos a
largo plazo que tiene el GAP en todos los aeropuertos que le
fueron concesionados hasta por cien años: eliminar a
comerciantes y empresarios mexicanos; monopolizar
actividades como estacionamientos, comercio, limpieza,
seguridad, carga, hoteles y, en algún momento, líneas aéreas.
Entre los comerciantes desplazados, además de un servidor,
se encuentran: Guadalupe Rocha, Joel Pérez Carrillo, Raúl
Miramontes, Elena Soto, Evangelina Agundez, Delia Álvarez,
Miriam Sánchez, Gilberto López, Enrique Fábregas y Yuridia
Navarro.

Trataron de imponernos contratos leoninos, con condiciones
imposibles de cumplir. Además de rentas elevadas, pedían
comisiones sobre las utilidades brutas. Nos hostigaron, nos
bloquearon, nos llenaron de demandas, querían sacarnos.
Hasta lo ponían en los informes a sus inversores. Incluso el
español Manuel Porrón –gerente de comercialización del GAP-
alardeó frente a algunos de nosotros de tener compradas a las
autoridades a todos los niveles.

En el 2001 logramos que se realizara una reunión entre
diputados federales, la Dirección General de Aeronáutica Civil y
Guillermo Villalba en la ciudad de México para discutir todas las
irregularidades que se presentaban en el aeropuerto. Se
acordó que se realizará otra reunión en el aeropuerto de
Tijuana para resolver los problemas entre el GAP y los
comerciantes, así como la seguridad y el mantenimiento. Se
llevó a cabo semanas después, con la presencia del entonces
subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Aarón Dychter
Poltolarek, y el GAP. Nosotros no fuimos avisados, nos
excluyeron. A fin de cuentas, no se llegó a ninguna solución.

Nosotros, en la época de Villalba, nos opusimos al GAP, los
denunciamos y los enfrentamos con la ley en la mano, lo dimos
a conocer a la opinión pública, a medios de comunicación,
gobiernos estatales y federales, a los legisladores. Logramos
que legisladores cómo Jaime Martínez Veloz, Javier Castañeda
Pomposo, Manuel González Reyes, Jesús González Schmall,
Marisol Urrea y Cuauhtémoc Velasco emitieran puntos de
acuerdo para revisar las concesiones otorgadas a los
españoles y las irregularidades en todos los aeropuertos.
Hicimos evidente el favoritismo que ha habido de parte del
gobierno federal con esta empresa. También aportamos
información para que tres administraciones municipales
distintas de Tijuana hicieran lo conducente para hacer efectivo
el cobro del impuesto predial, que asciende a más de 180
millones de pesos. Al final nos hicieron a un lado, es una
empresa extranjera con muchos recursos económicos, con
relaciones políticas al más alto nivel, tienen mucho poder.
Incluso, con información proporcionada por legisladores
federales, encontramos  que diferentes funcionarios federales
son socios o empleados de esta empresa.

Pra concluir, auguro tiempos difíciles para aquellos que estén
relacionados con el aeropuerto de Tijuana. Guillermo Villalba
representa la peor cara del Grupo Aeroportuario del Pacífico,
sus estrategias más sucias y golpeadoras. También, alerto
sobre los posibles intentos de que Villalba intente negociar una
condonación o cancelación del adeudo del impuesto predial,
180 millones de pesos, con el ayuntamiento de Tijuana. Ahí
veremos qué tanta firmeza pueden tener el presidente
municipal Jorge Ramos y el licenciado Raúl Corona Sesma,
director jurídico del ayuntamiento.

Alejandro Vizcarra Estrada
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Comida de la APSAT y legisladores federales en la ciudad de México, D.F.,
despuésde reunirse en la DGAC y GAP. Aparecen Javier Casteñada Pomposo,
Francisco Blake Mora, Francisco Javier Reynoso, Alejandro Monraz, Marco
Antonio de la Fuente, Cuauhtémoc Cardona Benavides y AlejandroVizcarra.